Luego de que militares del Comando Estratégico Operativo de Lucha contra el Contrabando (CEO-LCC) dispararan en operativos separados a dos personas en Villa Montes y a otra en Yacuiba, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento para exigir que se investigue un incumplimiento de protocolos, pues incluso existen evidencias de tortura en uno de los ciudadanos intervenidos.
El argumento de los funcionarios fue que dispararon sus armas creyendo que se estaban enfrentando a contrabandistas.
El coordinador regional de la Defensoría en Yacuiba, Wálter Portillo, expresó que un equipo se trasladó hasta Villa Montes para tomar contacto con las personas que resultaron heridas.
Primero se escuchó la declaración de un joven identificado como E.C.C., quien está aprehendido en celdas policiales. Él ciudadano dijo haber sido interceptado por los militares cerca de Tigüipa y reconoció haber intentado ingresar arroz de contrabando.
El delegado manifestó que los uniformados lo retuvieron siete horas antes de llevarlo a celdas policiales. Esta persona presenta signos de tortura, escoriaciones en las muñecas y rasmilladuras en la espalda, por las que el médico forense le dio siete días de impedimento.
Portillo aseveró que los efectivos únicamente deberían disparar en caso de estar en riesgo, caso contrario deben ser sancionados por la vía disciplinaria y penal.
“Si no estaban en peligro, estos hechos podrían ser considerados abiertamente ilegales y los responsables tendrían que ser procesados conforme a la normativa nacional vigente”, dijo a tiempo de indicar que hay otras dos mujeres heridas de bala, cuyos familiares negaron que se dediquen al ingreso de mercadería ilegal.
Fuente: El País
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